Libertad de prensa y calidad democrática

Por Ricardo Trotti
Miami (Junio 2020) - A pesar de que hace 30 años que en América Latina se ha recuperado la democracia, persisten en el continente problemas básicos que generan desconfianza en las instituciones y evitan el pleno desarrollo de la región: corrupción e impunidad; inseguridad y pobreza; y límites a las libertades, entre ellas, las de prensa y de expresión.
 
El sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo, un Congreso que negocia leyes partidarias sin el norte del bien común y una libertad de prensa que se aprecia como obstáculo y no como contrapeso y fiscalizadora de la gestión pública, evidencian la debilidad democrática y el autoritarismo, tal lo revelan las encuestas sobre percepción año tras año.
 
También es evidente que un grupo de gobiernos populistas que emergió en la última década, desde que Hugo Chávez asumió en 1999 - y que fueron contagiados por éste - ha contribuido en gran parte al deterioro de la libertad de prensa. Una medición reciente de la organización no gubernamental, Freedom House, muestra este declive y describe con alarma como los estados autoritarios, incluida Venezuela junto a Rusia e Irán, no solo son más represivos, sino, más influyentes en la arena internacional.


Y aunque en los últimos meses el ciclotímico péndulo político latinoamericano haya empezado a rotar más hacia el centro, con presidencias como las de Laura Chinchilla en Costa Rica, Sebastián Piñera en Chile, Porfirio Lobo en Honduras, Ricardo Martinelli en Panamá y Juan Manuel Santos en Colombia, todavía persiste una imagen deteriorada de la libertad de prensa que fue calando en la población como si se tratara de un derecho que no es humano y que solo refleja los intereses económicos y monopólicos cuyas intenciones son golpistas y desestabilizadoras.
 
Chávez, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Fidel y Raúl Castro, y Daniel Ortega se encuentran entre aquellos mandatarios cuyos discursos reflejan esta posición. Protestan en contra del poder de la prensa, insultando y atacando a medios y periodistas, sancionando leyes restrictivas; pero, al mismo tiempo, creando un sistema gubernamental en el que la comunicación oficial se hace cada vez más hegemónica, monopólica, sin el sentido de pluralidad y diversidad que argumentan tener como objetivo.    
 
El informe de Freedom House ve un retroceso en los últimos cuatro años, remarcando menos libertades democráticas en Honduras, Guatemala y Nicaragua, al tiempo que descalifica como plenas democracias a Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay. A Cuba, el único país no libre del hemisferio le atribuye, junto a Bielorrusia y Myanmar, ser el más represivo del mundo en materia de libertad de prensa.
La desconfianza democrática – salvo notables excepciones como Chile y Brasil - es moneda común en varios países latinoamericanos, alimentada por declaraciones irresponsables como las del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien dijo preferir gobernar con Congreso cerrado.

La Sociedad Interamericana de Prensa viene reflejando en sus informes semestrales las violaciones constantes a la libertad de prensa, revelando que en países donde más se registran, menor es el grado de desarrollo democrático.
 
Existen cuatro áreas bien definidas de abusos a la libertad de prensa:
 
Abusos externos al Estado
 
La violencia sigue siendo uno de los mayores escollos para el periodismo en América Latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad pública, la corrupción; y por la inacción de los gobiernos para frenarla, como el caso de Felipe Calderón en México y Lobo en Honduras.
 
En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; mientras que en los últimos seis, México se ha catapultado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre comunicadores asesinados y desaparecidos.
 
Solo en lo que va del 2010, nueve periodistas han sido asesinados en México, y ocho, de 11 secuestrados, permanecen desaparecidos. La violencia también arreció en Honduras, donde ocho reporteros fueron acribillados.
 
La mayor parte de esos crímenes son ahora cometidos por el crimen organizado, aunque hasta hace poco eran más los cometidos por funcionarios y gobiernos corruptos.
 
La autocensura es la medida de autoprotección más directa adoptada por los medios ante la inacción de los Estados para dominar la violencia. Y la impunidad, o la falta de justicia, sigue siendo el incentivo mayor para los violentos.
 
Estos crímenes y su impunidad desnudan problemas mayores más allá de la libertad de prensa. Quedan familiares desamparados, redacciones con traumas severos, organizaciones dedicadas a la libertad de prensa totalmente frustradas, así como sistemas judiciales que no cuentan ni con leyes ni recursos adecuados para combatir este flagelo.
 
Tal como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia atroz del narcotráfico, en México los carteles de las drogas siguen matando, desapareciendo y secuestrando periodistas, pero además ahora sumaron la modalidad de secuestrar medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa a través del miedo – ya se registraron diez atentados contra medios - o el soborno. Es común, entre los periodistas mexicanos, el dicho sobre los dos metales al que se deben enfrentar: “plomo o plata”.
 
Abusos de los gobiernos:

Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe libertad de prensa, por el solo hecho de que toleran medios críticos, pero también es cierto que aquella prensa independiente que alza la voz, investiga, denuncia, critica, sufre serias represalias.
Existen variadas formas para neutralizar o contrarrestar la “mala propaganda” que los gobiernos acusan recibir de parte de los medios “opositores”, adjetivo que es utilizado para descalificar y ubicar a todo aquel o todo aquello que no comulga con la ideología de turno o no se alinea a la hegemonía comunicacional: campañas de desprestigio, actos públicos de agravios, leyes restrictivas, discriminación de la publicidad oficial, presión fiscal, acoso judicial, negativa a acceso a información oficial, uso de prensa estatal como si fuera gubernamental y creación o adquisición de medios privados a través de testaferros o mediante expropiación.

En julio pasado, en un informe trimestral sobre libertad de prensa, la SIP resaltó campañas de propaganda política pagadas que fueron denunciadas por diferentes ong nacionales en Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina de Kirchner y Rafael Correa como Alvaro Colom, han promovido y vienen utilizando campañas de publicidad pagada en la que se acusa a los medios y periodistas, críticos e independientes, de desestabilizar al gobierno o al sistema democrático.

Esas campañas tienen la intención de desprestigiar a la prensa para restarle credibilidad a las denuncias e investigaciones sobre corrupción en la administración pública y anular opiniones críticas, elementos todos que forman parte de la misión natural de la prensa en una democracia, de la cual se espera que fiscalice y que de voz a las minorías.

Preocupante resultan problemas legales y judiciales, tal el caso de la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que establece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile que descarta limitaciones a las indemnizaciones que los jueces pueden imponer a los medios por demandas de difamación. 

Sin embargo, la mayor tensión sobre temas legales entre gobierno y medios se da con las leyes de prensa. Así como en 2004 la agenda pública en Venezuela fue dominada por la Ley de Responsabilidad Social impuesta por Chávez, que terminó de convertirse en un instrumento de mayor injerencia gubernamental en los medios independientes, ahora el mismo proceso se vive en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales y en Ecuador con el proyecto de Ley de Comunicación. Ambas, en teoría, son leyes que favorecen sistemas de comunicación más abiertos, competitivos y plurales, pero en la práctica pueden terminar emulando la experiencia venezolana.

Chávez se aprovechó de esta ley para cerrar RCTV, 32 emisoras, otros cinco canales de cable, aprovechando a llenar ese vacío con medios propios, creando todo tipo de medios gubernamentales, emisoras, periódicos, televisoras, agencias de noticias. Correa, todavía sin ley, ya ha expropiado numerosos medios, televisoras y periódicos, y acaba de lanzar su Periódico Popular, además de mantener El Telégrafo, periódicos con los que compite en el mercado privado. Lobo en Honduras acaba de expropiar Canal 8 a través de un acuerdo con el Congreso; mientras Ortega y Kirchner, siguen comprando medios privados a través de testaferros y haciendo expulsar a aquellos periodistas que reniegan a ser domesticados o mantienen líneas independientes al gobierno.
 
Para este tipo de abusos, los gobiernos suelen aprovecharse de poderes judiciales sometidos o dóciles. Chávez se las ingenia así para encarcelar periodistas como a políticos de oposición, tal como el excandidato presidencial Oswaldo Alvarez o el periodista Guillermo Zuloaga, que ha huido del país al no tener garantías jurídicas, después de que se le inventaron decenas de delitos como empresario y presidente de Globovisión, cadena televisiva independiente sobre la que Chávez ha jurado que tendrá el mismo destino que RCTV.
 
El ataque a la prensa privada más consistente es el que ha desatado el gobierno de Cristina Kirchner contra el Grupo Clarín. Periodistas, ejecutivos del diario, y sus familiares, son blanco permanente de agresiones en los discursos oficiales y de funcionarios a través de las redes sociales. Pero las mayores embestidas provienen de medidas directas, tanto judiciales, políticas como económicas, tal el caso de la nueva ley de prensa que está siendo reglamentada, a pesar de amparos; el cuestionamiento sobre la propiedad de Papel Prensa de la que los diarios Clarín, La Nación y el Estado son socios; un  proyecto de ley que busca reglamentar la producción y comercialización de papel para diarios; trabas a la distribución del diario; caducidad de licencias para la provisión de servicios de internet, entre otras medidas que se tejen semana tras semana.
 
Sobre esto, el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, observó la evidente intención del gobierno de “controlar a los medios independientes”, acciones a las que consideró que “conforman una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos”.
 
Las últimas resoluciones de la entidad hemisférica recogen varias dificultades en el país que van mucho más allá de Clarín y afectan a los medios de todo el país en general, tales como la falta de una ley nacional que garantice el acceso a la información oficial, la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder, el abuso o utilización sesgada de los medios públicos para promocionar el discurso oficial y la discriminación contra medios y periodistas en materia de publicidad oficial.
 
En este sentido, no hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios y periodistas que lo critican o para premiar a aquellos que lo favorecen.

Peor aún, hay funcionarios y partidarios que disculpan a los gobiernos diciendo que tienen el derecho a usar la publicidad oficial dónde y cómo mejor lo consideren, sin considerar que se trata del manejo irregular de recursos públicos que, por obligación el gobierno debe administrar con transparencia, equidad y de acuerdo a criterios rigurosos y técnicos.
 
La diputada Silvana Giudici tal vez tenga la respuesta para limitar el descalabro que las ong en el país vienen denunciando desde hace décadas, pero con más énfasis desde el gobierno de Néstor Kircher hasta la actualidad. En una nota de opinión del 12 de agosto en La Nación, Giudice denunció que los niveles de gasto en publicidad oficial vienen aumentando considerablemente, con 800 millones este año, para lo cual argumentó a favor de un proyecto de ley que busca imponer restricciones para que el gobierno no pueda discriminar a los medios o usar la publicidad oficial para su beneficio partidario.

La censura más grosera y triste en las Américas se sigue dando en Cuba después de más de medio siglo de opresión a las libertades de expresión, prensa, reunión y de asociación. Lo que menos se entiende de la experiencia cubana, es que todavía haya presidentes latinoamericanos, que mientras en sus países y en el mundo abogan por los derechos humanos, peregrinan a La Habana para rendir pleitesías al régimen que sigue violando en forma sistemática los derechos humanos.
 
Cuba continúa siendo el único régimen del mundo donde se encarcela a periodistas y a quienes opinen o hablen en contra del gobierno. De los 27 periodistas independientes presos como parte del grupo de 75 disidentes encarcelados en marzo 2003 durante el episodio conocido como “primavera negra”, fueron liberados 17 de ellos en diferentes etapas, los últimos en un arreglo reciente entre el gobierno español, la Iglesia Católica y el régimen de la isla.
 
Pero los periodistas independientes no son simplemente liberados, sino desterrados. El régimen aprovecha a expulsar a todo aquel que estorba y disiente, utilizándolo como moneda, a cambio de algunas concesiones económicas que el gobierno español consigue arrancar a la Comunidad Europea.
 
Abusos del propio periodismo:
 
No se puede negar que, como cualquier disciplina, el periodismo está compuesto por gente buena, mala o mediocre. Muchos medios no son muy responsables: exaltan la violencia, son sensacionalistas, censuran información ante compromisos económicos. Aunque peor que esto, es que comenten el pecado de omisión. No investigan hechos importantes, por vagancia profesional o porque redujeron su calidad periodística. Muchos medios en Estados Unidos aprovecharon la crisis económica para echar personal, no porque perdían dinero, sino porque no ganaban como antes.
 
Las prácticas monopólicas sirven de excusa a los gobiernos para regular a los medios; pero, si así fuera, no es necesario castigar la competencia, la innovación y el desarrollo, sino más bien regular la actividad con leyes antimonopólicas que se aplican en general a otras actividades. Las leyes no deberían castigar sino promover la diversidad y pluralidad de medios y mercados, brindando en el espectro electromagnético, igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y en todas las comunidades, pero respetando las inversiones y experiencias periodísticas, sin actitudes revanchistas.
 
Tampoco se puede regular de igual forma a los medios de todo tipo, como trata de hacer la futura ley ecuatoriana, sin distinguir la naturaleza de los medios escritos con los electrónicos que por su naturaleza finita requieren de regulaciones especiales. Lo que llama la atención, es que los gobiernos acusan a los grandes grupos televisivos de prácticas poco éticas, cuando fueron los mismos gobiernos los que otorgaron y otorgan privilegios a cambio de apoyo político, como sucede en la mayoría de los países.
 
Tampoco se puede esconder que hay faltas éticas graves en la profesión. En muchas naciones, los periodistas reciben dineros y sobornos así sea de entidades privadas, de funcionarios o del crimen organizado. Hay mayor conciencia, sin embargo, sobre estos temas que demandan más responsabilidad informativa y social. Un ejemplo reciente, es la creación de un Consejo de la Prensa creada por los periódicos bolivianos que han exteriorizado sus criterios éticos y su marco de autorregulación, una actitud que, a su vez, trata de desalentar al gobierno a que continúe con su idea de regular la profesión a través de códigos de ética forzosos.
 
En numerosos países afectados por la violencia, en especial del narcotráfico como en México o de las pandillas juveniles en países centroamericanos, los medios optan por autocensurarse como manera de autoprotección. Sin embargo, a veces se abusa de esta práctica, quedando en evidencia que si los medios negocian el silencio, pronto se podrían ver obligados a negociar cualquier tipo demanda de los violentos.

Por suerte, una actitud incipiente de mayor solidaridad, camaradería y unidad se viene registrando en varios países, donde los medios están aunando fuerzas para combatir la violencia, especialmente en aquellos donde los medios se ven más aislados porque no existen asociaciones de prensa dedicadas a la defensa y promoción de la profesión.
 
Abusos de tolerancia:
 
El internet y las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, entre otras, han traído muchos beneficios al juego de la libertad de expresión, entre ellos, interactividad, participación, velocidad e información de fuentes plurales y variadas.
 
Pero también han expandido los desafíos en cuanto a reglas de privacidad, honor y de seguridad que han motivado a varios gobiernos a plantear excusas e imponer nuevas formas de control que podrían ser abusivas a la libertad.
 
Las naciones de todo el mundo están enfrascadas en una lucha por sobre cuán libre debe ser el internet. Y es obvio que los estados más autoritarios son los más proclives a seguir censurando. Hasta ahora, Estados Unidos domina con su posición de “neutralidad”, exigiendo que haya plena libertad, que el internet se siga desarrollando en manos privadas y con poca injerencia de los gobiernos tanto para cancelar, filtrar o censurar información, como lo suele hacer el gobierno de Cuba e intenta el venezolano.
 
Es de esperar que la posición del gobierno estadounidense se mantenga, aunque hay políticos que preferirían una buena dosis de control para desestimular publicaciones como las de Wikileaks o para ser más eficiente en la lucha contra los ciber ataques y el ciber delito.
 
Lamentablemente, las firmas privadas estadounidenses, como Google, Microsoft y Yahoo se han prestado por largo rato a proveer a los gobiernos más despóticos del orbe el software necesario para censurar, filtrar o espiar en el internet, lo que en definitiva derivó en el encarcelamiento de internautas, tanto en China, Vietman y países del norte de África, entre otros.
 
América Latina está dando buenos pasos en conexión y banda ancha, y si bien mucho se discute sobre las prácticas de las grandes compañías proveedoras de servicios que lideran el mercado, la cancelación de la licencia de Fibertel en Argentina demuestra que el soporte técnico sigue jugando un papel relevante en la comunicación, en detrimento de los contenidos y la propia información.
 
En muchos países, se ha sabido distorsionar el uso que Barack Obama o Juan Manuel Santos le dieron a las redes sociales en la campaña política y ahora en sus presidencias. Varios gobiernos están usando a las redes sociales no como órganos de difusión e interactividad con los ciudadanos, sino de propaganda. Funcionarios del gobierno español, el argentino y el venezolano, son conocidos no solo por disparar dardos contra sus opositores, sino también por contratar a legiones de ciber militantes, que insultan en blogs y redes sociales, crean rumores, desarrollan campañas falsas y todo tipo de artimañas para intimidar a la gente o neutralizar las críticas.
 
Conclusión:
 
Este sombrío panorama demuestra cuán estrechamente conectadas están la libertad de prensa y la calidad democrática. A mayor libertad de prensa, más democracia y viceversa.
 
Exigir y defender esa libertad, a expresar opiniones y a estar informados, no es solo un derecho contenido en tratados internacionales y en la Constitución, sino un deber fundamental de cada ciudadano.
 
¿Cómo alcanzarla? Quizás dando un primer paso. Honrar en la urna electoral solo a aquellos que explícitamente se comprometen con esa libertad de prensa y de expresión y que no comulgan con las prácticas antidemocráticas que se describen en párrafos anteriores.