Por Ricardo Trotti - Lima, Perú (28 de setiembre de 2010) - El internet está
cambiando los hábitos de la humanidad. Desde que comenzó su desarrollo masivo
en 1990, viene modificando conductas, relaciones, comunicaciones, la gente
elige conectarse a la red antes que dormir, hacer deportes o “estar sin hacer
nada”, y hasta formas de hacer política, propaganda o delinquir.
Hablando de no dormir. El presidente Hugo Chávez comenzó sus twitter el domingo antes de las 4 de la mañana y terminó a las 3:40 del lunes, según pude ver en su cuenta Chavezcandaanga, donde ya tiene cerca de 882 mil seguidores; está en el puesto 289 en el mundo y entre los políticos es el más popular después de Barack Obama con 5 millones 531 mil. Pero Chávez solo sigue a 19 personas o entidades mientras Obama a más de 700 mil.
Esa es tal vez la diferencia en la concepción que tiene del Twitter, al que usa meramente como agente de propaganda, no en forma interactiva, como fue concebido.
Sus tweets reflejan perfectamente su estilo. Desde las 6 de la mañana llamó a cargar en el frente de batalla, a demoler a la oposición, a vencer, citó a Bolívar y sus lanzas, a cargar de nuevo, venceremos, la victoria siempre y finalmente el lunes, escribió: “dicen los escuálidos que ganaron. Bueno, sigan ganando así”.
Y ya por la tarde, anunció que había obtenido el 60 por ciento de los curules, 98 en total.
El Twitter como red social es importante ahora para Chávez, ya que el 19 por ciento de quienes acceden a internet en su país lo usan, comparado al 12 por ciento de EEUU. Venezuela está tercero después de Brasil e Indonesia.
Así también como Twitter que es la red social de mayor crecimiento en el mundo, junto a Facebook que ya ha alcanzado 500 millones de usuarios, sobre la que se estrenará este viernes en EEUU la película The Social Network, que relata el comienzo en 2004 de esta red creada por Mark Zuckerberg, quien como Bill Gates desertaba de sus estudio en Harvard, y quien hoy a los 26 años acumula una fortuna de 6.100 millones, y la semana pasada anunció que donaba 100 millones al sistema público escolar de Nueva Jersey. Yo también lo haría si me quedaran seis mil millones, no?
Chávez como muchos políticos se han dado cuenta que cuando no se pueden dominar las tecnologías o ellas sobrepasan el control del Estado, mejor es unirse a ellas. Muchos gobiernos se autoproclaman revolucionarios, pero son solo improvisaciones ideológicas perecederas atadas a la vida política de su líder. Ni el socialismo de Fidel Castro ni el chavismo venezolano o la corriente ciudadana de Rafael Correa, tienen los atributos de las verdaderas revoluciones: transformación y liberación de los pueblos en beneficio de la humanidad.
La verdadera revolución de la que hoy todos somos protagonistas es la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación, lo que no pertenece a gobierno alguno, sino al sector privado que puede desarrollarlas. Esta descomunal fuerza transformadora demuestra una vez más que cuando el hombre vive en un clima de libertad, potencia su capacidad del conocimiento, innovación y creatividad.
Por eso Chávez estaba distraído y ahora está recuperando su tiempo. No tardó mucho en darse cuenta.
Contraria es la actitud que asumen aquellos gobiernos que se autodenominan revolucionarios, oponiéndose siempre a la libertad y a la información. Chávez es el caso característico; cada día arremete más contra esas dos virtudes. A principios de este año, bajo la excusa de remediar una crisis energética, trajo de Cuba al mago de la censura, Ramiro Valdés, ministro de Informática y Comunicación, para diseñar una estrategia de represión y filtrado del internet tan efectivo como la cubana.
Las señales son evidentes. Llama “terrorista” al microblogging Twitter que los universitarios usan para organizar protestas y despotricar, pide su regulación porque representa una fuerza “desestabilizadora” que no puede dominar, y tiene en Valdés a un asesor calificado para reformar la ley de Ciencia y Tecnología. Valdés sabe mucho de esto. Fue quien al poco tiempo de asumir su ministerio en el 2006, pregonó que “el potro salvaje” de las nuevas tecnologías y el internet “debe ser dominado”, por ser “uno de los peores mecanismos de exterminio global que se hayan inventado”.
La estrategia no es creativa ni única. Muchos gobiernos escudan sus propósitos opresores justificando combatir la delincuencia. En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2005, cuyo objetivo era discutir sobre la gobernabilidad del internet y achicar la brecha digital entre los países, se pudo ver a los verdaderos jugadores. No es casualidad que quienes en aquel foro pedían un régimen regulatorio con el que se “administre” mejor el internet para “librarlo de la delincuencia”, son hoy los gobiernos que más censuran las nuevas tecnologías: Cuba, China, Irán y Vietnam, entre otros. Valdés buscará que Venezuela sea parte de esta elite.
Por suerte, la posición cuerda que prevaleció en aquella Cumbre fue que la libertad debe reinar en el ciberespacio. Se argumentó que los diferentes delitos y crímenes que comete el hombre - pedofilia, fraude, terrorismo, incitación a la violencia u odio - no son propios de las nuevas tecnologías, sino cometidos a través de ellas, por lo que deben aplicarse las regulaciones existentes para castigar al delincuente, y no crear leyes especiales que sancionen al medio utilizado.
Esta verdadera revolución tecnológica-comunicativa que no solo presenciamos, sino que protagonizamos, no podría manifestarse plenamente sin la debida libertad. De ahí tanta preocupación en la bancada de los gobiernos autoritarios y totalitarios.
De las piedras a la ciberagitación
Advertidos de la importancia del internet y las redes sociales en el debate político moderno, los gobiernos de Cristina de Kirchner y Hugo Chávez han desenpolvado métodos arcaicos de agitación y propaganda ideológica aplicándolos al ciberespacio para neutralizar críticas, combatir a opositores y crear opinión pública favorable.
Aún en los nuevos medios, estos gobernantes siguen manejando los métodos tradicionales de agitación política que florecieron en las corrientes nacionalistas del comunismo, nazismo o fascismo, con los que se sembraba el odio y buscaba someter y acobardar a los ciudadanos mediante burla, insulto y descalificación personal.
Ahora como ayer, la propaganda suele usarse para polarizar y dividir; reducir la discusión sobre una plataforma política a una rivalidad personal; distraer con enemigos comunes, así sea el “imperio” o los “malditos medios de comunicación”; y responsabilizar sin razón a cualquiera que opine diferente, inhabilitándole por “golpista”.
Los jóvenes que ayer eran contratados o manipulados para arengar y tirar piedras en marchas callejeras, son los mismos que hoy, muchos en forma anónima, como los “cibermilitantes” argentinos, pululan en blogs y redes sociales insultando y desacreditando a quienes critican a sus amos. Sin timidez, el jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, prometió esta semana apoyo económico a sus propagandistas, un aguerrido grupo de “blogueros K” que defienden la causa kirchnerista, algunos por convicción otros por necesidad, cuya misión es contrarrestar la mala imagen que Cristina y Néstor Kirchner tienen en las redes sociales.
Como tarea cotidiana, los cibermilitantes deambulan en la blogósfera apagando incendios críticos. Bien pueden dedicarse a reclutar simpatizantes para contrarrestar a los 250 mil que reunió en Facebook el grupo “A que encuentro 10.000 que odian a Cristina Kirchner”, los 50 mil que consiguió “No a Kircher 2011” o se entregan a adular a Fernández, quien ya prometió lanzar su propio blog y otro para su jefa.
La faena primordial en Argentina es que los soldados cibernéticos logren mediante presión y agitación constantes, que se implemente una “ley de medios”, detenida por la justicia, para vengar al “culpable de todos los males” del país, el multimedio Clarín.
Así como en Buenos Aires la lucha símbolo del gobierno se centra contra los “desestabilizadores” Clarín y La Nación; en Caracas el “enemigo golpista” son RCTV y Globvisión. Estos cuatro grupos sirven de chivo expiatorio cuando no hay como achacarle males domésticos al “imperio” y de excusa para seguir aumentando una ya exuberante red de medios estatales, usados para propalar agravios e ideas partidarias.
El gobierno venezolano ante el problema de un movimiento universitario fuerte, independiente y hábil en el manejo de las redes sociales, lanzó en abril de este año la “guerrilla comunicacional", un grupo de estudiantes entre 13 y 17 años, cuyo fin es crear divisiones en las bases estudiantiles y contrarrestar los “ataques de los medios privados”, a través de mensajes de texto, blogs, redes sociales, volantes y murales callejeros. En su primera misión, “trueno comunicacional”, los “guerrilleros” fueron ordenados hacer propaganda en estaciones de metro contra quienes “acosan a la revolución bolivariana".
Esta iniciativa debería tener repercusiones legales por lo que implica la manipulación ideológica de los niños, justamente cuando el contradictorio presidente Chávez critica los “juegos capitalistas” de Playstation por envenenar la mente de los chicos y justifica el cierre de medios por no respetar el horario de protección al menor. El adoctrinamiento de los niños como “guerrilleros” o su integración a las milicias ciudadanas, a semejanza del castrismo, demuestra cómo Chávez sabe utilizar la propaganda para que sea parte de todas las actividades - educación, justicia, economía o salud – mercadeando a la revolución como bien supremo.
Kirchner y Chávez hace rato que vienen absorbiendo el éxito del precursor de la propaganda política en las redes sociales, Barack Obama. Pero no han entendido que ese éxito no solo consiste en acopiar simpatizantes, sino también en informar con objetividad y respetar a los adversarios. La propaganda no siempre es mala, bien utilizada es vital para compartir y discutir ideas y para fortalecer la democracia.
El problema con Kirchner y Chávez, es que han adoptado sólo un rasgo de la propaganda, la agitación, como método para mantener aceitada una maquinaria y perpetuarse en el poder, sin importar los medios para lograrlo.
Hablar por teléfono celular, enviar correos electrónicos, leer noticias en internet, buscar datos en Google o Wikipedia e inventar amigos en Facebook son hábitos tan cotidianos en nuestras vidas que los vemos con naturalidad. Distinta sería esa valoración si viviéramos en Cuba, donde esas sencillas acciones están restringidas, vigiladas y penalizadas por el gobierno.
Cuba es el país del continente americano más restrictivo en materia de libertades. La falta de ellas es una realidad innegable por más justificaciones que se argumenten, así sean el derecho del gobierno a defender su soberanía, sus logros en materia de educación y salud, los altos costos tecnológicos o el embargo estadounidense.
La percepción general es que en Cuba los hostigados son solo los periodistas que no trabajan en medios estatales o los disidentes que protestan en la vía pública. Sin embargo, un estudio divulgado este 1 de abril por Freedom House, una ong que promociona las libertades civiles en el mundo, revela que a la hora de las restricciones, las autoridades cubanas no discriminan a nadie, especialmente cuando se trata de comunicaciones a través de teléfonos celulares y de acceso a internet. Se describe a Cuba como el mayor censor del mundo, comparándola con China, Irán y Túnez, donde también se prohíbe, bloquea o filtra todo tipo de mensajes o encarcela a quienes los distribuyen sin la venia gubernamental.
El gobierno dice que existen 1.3 millones de internautas en el país, aunque no aclara que son solo 240 mil personas las autorizadas a navegar el internet tal como se le conoce, entre ellos un grupo de académicos y miembros del partido comunista, privilegiados por el gobierno. El resto tiene acceso a una intranet local vigilada, con correo electrónico restringido, enciclopedia virtual propia, sitios educativos y medios de prensa locales, y entrada a páginas internacionales que no despotrican contra el régimen. Otro grupo, clandestino, se las ingenia para usar el internet en espacios reservados a extranjeros o en embajadas.
Ciberguerra
Las computadoras nos han arrojado a un campo de batalla virtual, sin camuflaje y donde la Convención de Ginebra no tiene sentido ni alcance. El internet es un arma poderosa, pero también invasiva. Las nuevas tecnologías nos trajeron avances descomunales, pero también nos han hecho más vulnerables, poniendo en riesgo nuestra privacidad. De repente, podemos ser víctima de una ciberguerra en la que el botín más preciado son los datos y mensajes personales; donde un AK 47 es un arma ineficiente y ni se compara a los virus y gusanos informáticos capaces de penetrar sistemas de seguridad militar, espiar secretos industriales, suspender operaciones bancarias, cortar el suministro de electricidad o paralizar el tráfico aéreo.
La preocupación de los gobiernos por la ciberseguridad es proporcionalmente creciente al avance tecnológico. El Pentágono estadounidense anunció esta semana un plan cibernético para proteger la seguridad nacional y librar la guerra on-line contra más de 4.000 grupos terroristas en el internet, y que junto a hackers internacionales, son responsables de los 32.000 ciberataques a diario que tratan de violar los sistemas informáticos; algunos con éxito, como el que en marzo sustrajo información secreta sobre los nuevos cazabombarderos F35.
El ciberdelito, que mueve más de 100 mil millones de dólares anuales, puso a Barack Obama a la defensiva, creando la oficina de un ciberzar, cuya tarea será blindar las redes informáticas públicas y privadas que sustentan “la prosperidad económica de EE.UU.”, y así proteger al país de los ciberataques, que han costado más de 8.000 millones en los últimos dos años.
Todos los gobiernos están adoptando medidas similares. Esta semana, Gran Bretaña divulgó sus planes para reforzar su ciberseguridad y proteger la información militar, industrial y empresarial ante ataques de grupos terroristas como Al Qaeda y otras mafias de Rusia y China, que intentaron recientemente penetrar sus redes eléctricas y de telecomunicaciones.
España, donde el cibercrimen en el 2008 aumentó un 570% respecto al año anterior debido al robo y secuestro de información industrial y financiera, propuso dentro de la Comunidad Europea emular la figura del ciberzar de Obama, erigiendo un Plan Estratégico de Seguridad Nacional, que serviría para bloquear ataques cibernéticos como los que Rusia lanzó cuando invadió a Georgia o el constante espionaje que practica contra empresas alemanas.
Los ciberataques son cada vez más poderosos y sistemáticos. Al ejército chino, experto en reclutar a los mejores hackers, se le achacó en marzo haber infiltrado computadoras, robado documentos clasificados en 103 países, espiado en computadoras de la OTAN, bancos, medios y entrometerse en la del líder espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama.
Irán es uno de los gobiernos sospechados ciber espionaje, pero lo que sucedió en esta semana con el gusano Stuxnet que se infiltró en su sistema de seguridad y plantas industriales, parece estar destinado comprometer la capacidad de las nuevas plantas nucleares. Y en ese contexto. Irán sospecha que el gusano puedo haber venido de tres aliados que se oponen a las plantas nucleares por temor al desarrollo de armas y que cooperan entre ellos: EEUU, Alemania e Israel.
Este lunes, un general del Pentágono dijo que no podía dar información, pero ni confirmó ni negó la información que se podría tratar de un ataque estadounidense, con un virus que si se comprueba que fue creado a principios de este año, habría sido concebido bajo la administración de Obama.
Si bien es comprensible la sensibilidad de gobiernos y militares por crear sistemas defensivos contra el ciberespionaje y el ciberterrorismo, es también preocupante que bajo esa excusa, se puedan cometer abusos en contra de los derechos individuales.
Mientras los empresarios y entidades privadas se concentran en resolver asuntos complejos en torno a la privacidad, los delitos al honor y los derechos de autor en la nueva jurisprudencia internacional cibernética; los gobiernos aprovechan y buscan reformas legales que permitan a los militares y a la justicia tener mayor acceso a los mensajes personales on-line para realizar registros equivalentes a los exámenes físicos que practican las aduanas en los aeropuertos.
Si bien la posición de Obama y de otros gobiernos sobre la ciberseguridad está aceptándose cada vez más, se corre el riesgo de que las teorías de seguridad nacional irrumpan nuevamente, creando más divisiones y mayores conflictos.
Ayer mismo se supo que el gobierno de Obama estaría enviando un proyecto de ley al Congreso que le facilite a la policía, al FBI y lasa fuerzas de inteligencia poder espiar en internet, redes sociales y teléfonos, como Blackberry. La Casa Blanca obligará a los servicios de internet que estén equipados técnicamente para cumplir con una orden de espionaje si lo pide el gobierno, considerando que los terroristas y los delincuentes, están dejando la telefonía para comunicarse por redes sociales.
De nuevo vuelve sobre el tapete la disputa entre dos derechos importantes, como es el de la vida privada y el de la seguridad nacional.
Sin dudas, la seguridad cibernética es un reto para la comunidad internacional, pero algunos expertos consideran que los modelos de cooperación internacional como el manejo de la salud pública que hace la Organización Mundial de la Salud, pudieran ser esquemas más apropiados para defenderse en forma concertada en contra de epidemias y pandemias informáticas, sin necesidad de practicar políticas abusivas y tan invasivas.
Guerra ideológica
Pero las guerras no suelen ser solo por ideologías o entre gobiernos.
El internet y las redes sociales han expandido el conocimiento, la comunicación y nuestros horizontes. ¡Nos han hecho más libres! Esta afirmación, sin embargo, es válida para quienes vivimos y navegamos la Web en países democráticos, porque en regímenes represivos, las nuevas tecnologías de la información son usadas también para oprimir y censurar.
La polémica reflotó esta semana en el Congreso estadounidense, donde el reverenciado buscador Google fue confrontado por complicidad con gobiernos que, como el de China, Vietnam o Cuba, suelen censurar información y encarcelar internautas.
En cambio, Google pidió al gobierno de EEUU que interceda ante las autoridades de China, después de denunciar ataques cibernéticos que afectaron cuentas de correo Gmail de activistas pro derechos humanos, y amenazó con retirarse de ese país ya que no permitirá más la censura a la que le obligan sus leyes.
Pero en la audiencia legislativa del martes, enfocada a promocionar mundialmente la libertad en el internet, Google mostró un patético doble estándar. Mitigó las críticas a China, minimizó la censura y aunque dijo que prosigue sus negociaciones, se mostró inclinado a quedarse en un mercado de 384 millones de internautas del que obtuvo récord de ganancias en el cuatrimestre pasado.
La codicia de Google, al anteponer intereses económicos sobre principios de libertad de expresión, tuvo consecuencias para toda la industria del internet. El senador demócrata Dick Durbin, presidente del subcomité de Derechos Humanos, ofuscado, anunció una ley que sancionará, penal y civilmente, la doble moral de aquellas compañías de tecnología estadounidense que sean permisivas con la violación de los derechos humanos en donde presten sus servicios.
Google no es la única señalada por sus prácticas ambiguas. Microsoft y Yahoo vienen siendo criticadas por permitir a gobiernos autoritarios que usen sus software para filtrar y bloquear información, así como Twitter y Facebook reniegan ser transparentes en sus manejos empresarios, aunque no tienen empacho en acudir por ayuda al Departamento de Estado cuando son bloqueados en el extranjero.
La doble norma corporativa deja mal parado los esfuerzos por promover la libertad de cualquier ciudadano en el mundo a conectarse y transferir información en la red sin restricciones, y puede debilitar mecanismos de defensa para neutralizar ataques cibernéticos promovidos por gobiernos corruptos y grupos extremistas. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, había aprovechado la denuncia de Google para reclamar que "los países o individuos que participan en ataques cibernéticos deben enfrentar consecuencias y condena internacional". Palabras ahora amortiguadas, tras la nueva “diplomacia googliana”.
Lo reprochable contra Google es que ha puesto en dudas la eficiencia de la Iniciativa de Red Global, una institución de carácter voluntaria a la que pertenecen Microsof y Yahoo, no así Twitter y Facebook, cuyo fin es proteger, defender y promover parámetros de autorregulación, para evitar que sus miembros actúen en países donde deben cumplir con leyes que contradicen principios internacionales sobre libertad de expresión y derechos humanos. Justamente esa iniciativa nació con la idea de disuadir al gobierno de crear legislación, como la anunciada, que privaría a las compañías tecnológicas de lucrar en mercados donde deben prestarse a censurar contenidos en la red.
Aunque una ley especial como propuso el senador Durbin pudiera verse como ideal, se correría el riesgo de que termine por engendrar mayores problemas, en especial cuando ya existen leyes ordinarias que castigan desviaciones a los derechos humanos, y porque los contenidos, en el largo plazo, siempre terminan evadiendo la censura y sirviendo para minar sistemas represivos.
En realidad, más que una legislación que solo busque controlar a las compañías de tecnología sería más beneficioso que se promueva un nuevo orden o tratado internacional cibernético que involucre a todos los actores, especialmente a los gobiernos, para que se responsabilice y castigue a quienes censuran o usan las tecnologías para lanzar ataques cibernéticos. De lo contrario se podría caer en una “guerra del internet” como alerta Hamadoun Touré, jefe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU.
Es que, si algo quedó en claro con el conflicto entre Google y China, es que la tensión por los temas del ciberespacio seguirá en aumento, y que es necesaria una mayor responsabilidad cibernética global para mantener la paz.
Libertad
En el momento que en Argentina, Ecuador y Venezuela se están cercenando las libertades de expresión y de prensa a través de invasivas regulaciones gubernamentales para controlar la actividad de los medios de comunicación, es importante registrar cuál es y ha sido el principio rector que permitió el descomunal avance y desarrollo del internet.
La falta de intromisión de los gobiernos, dejando al sector privado la iniciativa y plena autonomía, ha sido la bujía que potenció el crecimiento del internet desde que fue creado hace 40 años en un laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles. La libertad ha sido clave para la creatividad y la innovación en el ciberespacio. Y más allá de los beneficios económicos, comerciales y culturales, su último gran avance, las redes sociales, no son producto de ninguna traba o incentivo estatal, sino fruto de una revolución ciudadana espontánea que sigue elevando los estándares de la expresión y la comunicación.
Pero la libertad no puede darse por sentada. Existe un movimiento, actual y de vieja data, de muchos países, poco o nada democráticos, como Cuba, China, Libia, Rusia y Vietnam, entre otros, que consideran que la gobernabilidad privada del ciberespacio – a la que se conoce como Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, una firma privada californiana - debe ser suplantada por una agencia multi estatal.
Preocupa, claro, que sean estos gobiernos los que exijan regular, puesto que son los que utilizan filtros para bloquear el internet, castigan con cárcel a los internautas críticos y aplican censura férrea a todo tipo de actividad periodística o expresiva que consideren “contaminante”.
Precisamente este criterio de “contenidos desestabilizadores” es el que justifican con actitudes revanchistas Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina de Kirchner para imponer controles legales y éticos a los periodistas y medios. Por eso no extraña el dictado de leyes mordaza como la de Responsabilidad Social en Venezuela que permitió el cierre de RCTV y decenas de radioemisoras, o las que comenzaron a debatirse esta semana en los congresos de Argentina y Ecuador desafiando naturales estándares de libertad de prensa.
Al margen de si en Argentina hay consenso para ordenar y hacer más plural y diverso el espectro radioeléctrico, molesta la actitud hostil contra los medios que motivó el proyecto presidencial de Ley de Servicios Audiovisuales. La excusa apresurada de acabar con los “monopolios”, no es más que la búsqueda por eliminar a los canales de disenso y crítica, ya que la concentración de medios no es más que el producto de la libertad y competencia que permitieron las leyes hasta ahora, y que nunca han limitado al Estado para incentivar a la sociedad a crear más y mejores medios. El nuevo proyecto, entre varios desmanes, prevé nuevas instancias de censura, al estipular revisión de licencias cada dos años y un órgano de vigilancia supra estatal, con mayores poderes para el oficialismo.
En Ecuador empezaron a circular en el Congreso proyectos para la ley de comunicación que debe aprobarse en octubre. Uno, en particular, de un partido de oposición se entromete tanto en los criterios editoriales que “obliga” a los medios a la autorregulación. Un favor muy especial para el presidente Correa, quien no deja de sermonear a los periodistas y dictar medidas administrativas para cerrar medios de comunicación y abrir los propios que, como en Venezuela, son utilizados para el servicio del gobierno y no del público.
En la misma dirección, se perfila otra iniciativa reciente de Correa para crear un órgano internacional de control periodístico a través del Unasur. Un producto importado del “mapa de guerra mediático” ordenado por Chávez a sus ministros hace dos meses, que ya ha desencadenado en proyectos de ley para castigar los “delitos mediáticos” y los derechos de reunión y protesta, lo último que queda por prohibir en Venezuela.
Estos ejemplos demuestran que la vocación de los gobiernos por ordenar la actividad periodística, suele casi siempre evolucionar hacia el vicio de cercenar el derecho a saber. Por ello, es importante la lección que ofrece el internet, que al igual que el principio de libertad de expresión, indica que la mejor regulación gubernamental es aquella que no existe.
Hablando de no dormir. El presidente Hugo Chávez comenzó sus twitter el domingo antes de las 4 de la mañana y terminó a las 3:40 del lunes, según pude ver en su cuenta Chavezcandaanga, donde ya tiene cerca de 882 mil seguidores; está en el puesto 289 en el mundo y entre los políticos es el más popular después de Barack Obama con 5 millones 531 mil. Pero Chávez solo sigue a 19 personas o entidades mientras Obama a más de 700 mil.
Esa es tal vez la diferencia en la concepción que tiene del Twitter, al que usa meramente como agente de propaganda, no en forma interactiva, como fue concebido.
Sus tweets reflejan perfectamente su estilo. Desde las 6 de la mañana llamó a cargar en el frente de batalla, a demoler a la oposición, a vencer, citó a Bolívar y sus lanzas, a cargar de nuevo, venceremos, la victoria siempre y finalmente el lunes, escribió: “dicen los escuálidos que ganaron. Bueno, sigan ganando así”.
Y ya por la tarde, anunció que había obtenido el 60 por ciento de los curules, 98 en total.
El Twitter como red social es importante ahora para Chávez, ya que el 19 por ciento de quienes acceden a internet en su país lo usan, comparado al 12 por ciento de EEUU. Venezuela está tercero después de Brasil e Indonesia.
Así también como Twitter que es la red social de mayor crecimiento en el mundo, junto a Facebook que ya ha alcanzado 500 millones de usuarios, sobre la que se estrenará este viernes en EEUU la película The Social Network, que relata el comienzo en 2004 de esta red creada por Mark Zuckerberg, quien como Bill Gates desertaba de sus estudio en Harvard, y quien hoy a los 26 años acumula una fortuna de 6.100 millones, y la semana pasada anunció que donaba 100 millones al sistema público escolar de Nueva Jersey. Yo también lo haría si me quedaran seis mil millones, no?
Chávez como muchos políticos se han dado cuenta que cuando no se pueden dominar las tecnologías o ellas sobrepasan el control del Estado, mejor es unirse a ellas. Muchos gobiernos se autoproclaman revolucionarios, pero son solo improvisaciones ideológicas perecederas atadas a la vida política de su líder. Ni el socialismo de Fidel Castro ni el chavismo venezolano o la corriente ciudadana de Rafael Correa, tienen los atributos de las verdaderas revoluciones: transformación y liberación de los pueblos en beneficio de la humanidad.
La verdadera revolución de la que hoy todos somos protagonistas es la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación, lo que no pertenece a gobierno alguno, sino al sector privado que puede desarrollarlas. Esta descomunal fuerza transformadora demuestra una vez más que cuando el hombre vive en un clima de libertad, potencia su capacidad del conocimiento, innovación y creatividad.
Por eso Chávez estaba distraído y ahora está recuperando su tiempo. No tardó mucho en darse cuenta.
Contraria es la actitud que asumen aquellos gobiernos que se autodenominan revolucionarios, oponiéndose siempre a la libertad y a la información. Chávez es el caso característico; cada día arremete más contra esas dos virtudes. A principios de este año, bajo la excusa de remediar una crisis energética, trajo de Cuba al mago de la censura, Ramiro Valdés, ministro de Informática y Comunicación, para diseñar una estrategia de represión y filtrado del internet tan efectivo como la cubana.
Las señales son evidentes. Llama “terrorista” al microblogging Twitter que los universitarios usan para organizar protestas y despotricar, pide su regulación porque representa una fuerza “desestabilizadora” que no puede dominar, y tiene en Valdés a un asesor calificado para reformar la ley de Ciencia y Tecnología. Valdés sabe mucho de esto. Fue quien al poco tiempo de asumir su ministerio en el 2006, pregonó que “el potro salvaje” de las nuevas tecnologías y el internet “debe ser dominado”, por ser “uno de los peores mecanismos de exterminio global que se hayan inventado”.
La estrategia no es creativa ni única. Muchos gobiernos escudan sus propósitos opresores justificando combatir la delincuencia. En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2005, cuyo objetivo era discutir sobre la gobernabilidad del internet y achicar la brecha digital entre los países, se pudo ver a los verdaderos jugadores. No es casualidad que quienes en aquel foro pedían un régimen regulatorio con el que se “administre” mejor el internet para “librarlo de la delincuencia”, son hoy los gobiernos que más censuran las nuevas tecnologías: Cuba, China, Irán y Vietnam, entre otros. Valdés buscará que Venezuela sea parte de esta elite.
Por suerte, la posición cuerda que prevaleció en aquella Cumbre fue que la libertad debe reinar en el ciberespacio. Se argumentó que los diferentes delitos y crímenes que comete el hombre - pedofilia, fraude, terrorismo, incitación a la violencia u odio - no son propios de las nuevas tecnologías, sino cometidos a través de ellas, por lo que deben aplicarse las regulaciones existentes para castigar al delincuente, y no crear leyes especiales que sancionen al medio utilizado.
Esta verdadera revolución tecnológica-comunicativa que no solo presenciamos, sino que protagonizamos, no podría manifestarse plenamente sin la debida libertad. De ahí tanta preocupación en la bancada de los gobiernos autoritarios y totalitarios.
De las piedras a la ciberagitación
Advertidos de la importancia del internet y las redes sociales en el debate político moderno, los gobiernos de Cristina de Kirchner y Hugo Chávez han desenpolvado métodos arcaicos de agitación y propaganda ideológica aplicándolos al ciberespacio para neutralizar críticas, combatir a opositores y crear opinión pública favorable.
Aún en los nuevos medios, estos gobernantes siguen manejando los métodos tradicionales de agitación política que florecieron en las corrientes nacionalistas del comunismo, nazismo o fascismo, con los que se sembraba el odio y buscaba someter y acobardar a los ciudadanos mediante burla, insulto y descalificación personal.
Ahora como ayer, la propaganda suele usarse para polarizar y dividir; reducir la discusión sobre una plataforma política a una rivalidad personal; distraer con enemigos comunes, así sea el “imperio” o los “malditos medios de comunicación”; y responsabilizar sin razón a cualquiera que opine diferente, inhabilitándole por “golpista”.
Los jóvenes que ayer eran contratados o manipulados para arengar y tirar piedras en marchas callejeras, son los mismos que hoy, muchos en forma anónima, como los “cibermilitantes” argentinos, pululan en blogs y redes sociales insultando y desacreditando a quienes critican a sus amos. Sin timidez, el jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, prometió esta semana apoyo económico a sus propagandistas, un aguerrido grupo de “blogueros K” que defienden la causa kirchnerista, algunos por convicción otros por necesidad, cuya misión es contrarrestar la mala imagen que Cristina y Néstor Kirchner tienen en las redes sociales.
Como tarea cotidiana, los cibermilitantes deambulan en la blogósfera apagando incendios críticos. Bien pueden dedicarse a reclutar simpatizantes para contrarrestar a los 250 mil que reunió en Facebook el grupo “A que encuentro 10.000 que odian a Cristina Kirchner”, los 50 mil que consiguió “No a Kircher 2011” o se entregan a adular a Fernández, quien ya prometió lanzar su propio blog y otro para su jefa.
La faena primordial en Argentina es que los soldados cibernéticos logren mediante presión y agitación constantes, que se implemente una “ley de medios”, detenida por la justicia, para vengar al “culpable de todos los males” del país, el multimedio Clarín.
Así como en Buenos Aires la lucha símbolo del gobierno se centra contra los “desestabilizadores” Clarín y La Nación; en Caracas el “enemigo golpista” son RCTV y Globvisión. Estos cuatro grupos sirven de chivo expiatorio cuando no hay como achacarle males domésticos al “imperio” y de excusa para seguir aumentando una ya exuberante red de medios estatales, usados para propalar agravios e ideas partidarias.
El gobierno venezolano ante el problema de un movimiento universitario fuerte, independiente y hábil en el manejo de las redes sociales, lanzó en abril de este año la “guerrilla comunicacional", un grupo de estudiantes entre 13 y 17 años, cuyo fin es crear divisiones en las bases estudiantiles y contrarrestar los “ataques de los medios privados”, a través de mensajes de texto, blogs, redes sociales, volantes y murales callejeros. En su primera misión, “trueno comunicacional”, los “guerrilleros” fueron ordenados hacer propaganda en estaciones de metro contra quienes “acosan a la revolución bolivariana".
Esta iniciativa debería tener repercusiones legales por lo que implica la manipulación ideológica de los niños, justamente cuando el contradictorio presidente Chávez critica los “juegos capitalistas” de Playstation por envenenar la mente de los chicos y justifica el cierre de medios por no respetar el horario de protección al menor. El adoctrinamiento de los niños como “guerrilleros” o su integración a las milicias ciudadanas, a semejanza del castrismo, demuestra cómo Chávez sabe utilizar la propaganda para que sea parte de todas las actividades - educación, justicia, economía o salud – mercadeando a la revolución como bien supremo.
Kirchner y Chávez hace rato que vienen absorbiendo el éxito del precursor de la propaganda política en las redes sociales, Barack Obama. Pero no han entendido que ese éxito no solo consiste en acopiar simpatizantes, sino también en informar con objetividad y respetar a los adversarios. La propaganda no siempre es mala, bien utilizada es vital para compartir y discutir ideas y para fortalecer la democracia.
El problema con Kirchner y Chávez, es que han adoptado sólo un rasgo de la propaganda, la agitación, como método para mantener aceitada una maquinaria y perpetuarse en el poder, sin importar los medios para lograrlo.
Hablar por teléfono celular, enviar correos electrónicos, leer noticias en internet, buscar datos en Google o Wikipedia e inventar amigos en Facebook son hábitos tan cotidianos en nuestras vidas que los vemos con naturalidad. Distinta sería esa valoración si viviéramos en Cuba, donde esas sencillas acciones están restringidas, vigiladas y penalizadas por el gobierno.
Cuba es el país del continente americano más restrictivo en materia de libertades. La falta de ellas es una realidad innegable por más justificaciones que se argumenten, así sean el derecho del gobierno a defender su soberanía, sus logros en materia de educación y salud, los altos costos tecnológicos o el embargo estadounidense.
La percepción general es que en Cuba los hostigados son solo los periodistas que no trabajan en medios estatales o los disidentes que protestan en la vía pública. Sin embargo, un estudio divulgado este 1 de abril por Freedom House, una ong que promociona las libertades civiles en el mundo, revela que a la hora de las restricciones, las autoridades cubanas no discriminan a nadie, especialmente cuando se trata de comunicaciones a través de teléfonos celulares y de acceso a internet. Se describe a Cuba como el mayor censor del mundo, comparándola con China, Irán y Túnez, donde también se prohíbe, bloquea o filtra todo tipo de mensajes o encarcela a quienes los distribuyen sin la venia gubernamental.
El gobierno dice que existen 1.3 millones de internautas en el país, aunque no aclara que son solo 240 mil personas las autorizadas a navegar el internet tal como se le conoce, entre ellos un grupo de académicos y miembros del partido comunista, privilegiados por el gobierno. El resto tiene acceso a una intranet local vigilada, con correo electrónico restringido, enciclopedia virtual propia, sitios educativos y medios de prensa locales, y entrada a páginas internacionales que no despotrican contra el régimen. Otro grupo, clandestino, se las ingenia para usar el internet en espacios reservados a extranjeros o en embajadas.
Ciberguerra
Las computadoras nos han arrojado a un campo de batalla virtual, sin camuflaje y donde la Convención de Ginebra no tiene sentido ni alcance. El internet es un arma poderosa, pero también invasiva. Las nuevas tecnologías nos trajeron avances descomunales, pero también nos han hecho más vulnerables, poniendo en riesgo nuestra privacidad. De repente, podemos ser víctima de una ciberguerra en la que el botín más preciado son los datos y mensajes personales; donde un AK 47 es un arma ineficiente y ni se compara a los virus y gusanos informáticos capaces de penetrar sistemas de seguridad militar, espiar secretos industriales, suspender operaciones bancarias, cortar el suministro de electricidad o paralizar el tráfico aéreo.
La preocupación de los gobiernos por la ciberseguridad es proporcionalmente creciente al avance tecnológico. El Pentágono estadounidense anunció esta semana un plan cibernético para proteger la seguridad nacional y librar la guerra on-line contra más de 4.000 grupos terroristas en el internet, y que junto a hackers internacionales, son responsables de los 32.000 ciberataques a diario que tratan de violar los sistemas informáticos; algunos con éxito, como el que en marzo sustrajo información secreta sobre los nuevos cazabombarderos F35.
El ciberdelito, que mueve más de 100 mil millones de dólares anuales, puso a Barack Obama a la defensiva, creando la oficina de un ciberzar, cuya tarea será blindar las redes informáticas públicas y privadas que sustentan “la prosperidad económica de EE.UU.”, y así proteger al país de los ciberataques, que han costado más de 8.000 millones en los últimos dos años.
Todos los gobiernos están adoptando medidas similares. Esta semana, Gran Bretaña divulgó sus planes para reforzar su ciberseguridad y proteger la información militar, industrial y empresarial ante ataques de grupos terroristas como Al Qaeda y otras mafias de Rusia y China, que intentaron recientemente penetrar sus redes eléctricas y de telecomunicaciones.
España, donde el cibercrimen en el 2008 aumentó un 570% respecto al año anterior debido al robo y secuestro de información industrial y financiera, propuso dentro de la Comunidad Europea emular la figura del ciberzar de Obama, erigiendo un Plan Estratégico de Seguridad Nacional, que serviría para bloquear ataques cibernéticos como los que Rusia lanzó cuando invadió a Georgia o el constante espionaje que practica contra empresas alemanas.
Los ciberataques son cada vez más poderosos y sistemáticos. Al ejército chino, experto en reclutar a los mejores hackers, se le achacó en marzo haber infiltrado computadoras, robado documentos clasificados en 103 países, espiado en computadoras de la OTAN, bancos, medios y entrometerse en la del líder espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama.
Irán es uno de los gobiernos sospechados ciber espionaje, pero lo que sucedió en esta semana con el gusano Stuxnet que se infiltró en su sistema de seguridad y plantas industriales, parece estar destinado comprometer la capacidad de las nuevas plantas nucleares. Y en ese contexto. Irán sospecha que el gusano puedo haber venido de tres aliados que se oponen a las plantas nucleares por temor al desarrollo de armas y que cooperan entre ellos: EEUU, Alemania e Israel.
Este lunes, un general del Pentágono dijo que no podía dar información, pero ni confirmó ni negó la información que se podría tratar de un ataque estadounidense, con un virus que si se comprueba que fue creado a principios de este año, habría sido concebido bajo la administración de Obama.
Si bien es comprensible la sensibilidad de gobiernos y militares por crear sistemas defensivos contra el ciberespionaje y el ciberterrorismo, es también preocupante que bajo esa excusa, se puedan cometer abusos en contra de los derechos individuales.
Mientras los empresarios y entidades privadas se concentran en resolver asuntos complejos en torno a la privacidad, los delitos al honor y los derechos de autor en la nueva jurisprudencia internacional cibernética; los gobiernos aprovechan y buscan reformas legales que permitan a los militares y a la justicia tener mayor acceso a los mensajes personales on-line para realizar registros equivalentes a los exámenes físicos que practican las aduanas en los aeropuertos.
Si bien la posición de Obama y de otros gobiernos sobre la ciberseguridad está aceptándose cada vez más, se corre el riesgo de que las teorías de seguridad nacional irrumpan nuevamente, creando más divisiones y mayores conflictos.
Ayer mismo se supo que el gobierno de Obama estaría enviando un proyecto de ley al Congreso que le facilite a la policía, al FBI y lasa fuerzas de inteligencia poder espiar en internet, redes sociales y teléfonos, como Blackberry. La Casa Blanca obligará a los servicios de internet que estén equipados técnicamente para cumplir con una orden de espionaje si lo pide el gobierno, considerando que los terroristas y los delincuentes, están dejando la telefonía para comunicarse por redes sociales.
De nuevo vuelve sobre el tapete la disputa entre dos derechos importantes, como es el de la vida privada y el de la seguridad nacional.
Sin dudas, la seguridad cibernética es un reto para la comunidad internacional, pero algunos expertos consideran que los modelos de cooperación internacional como el manejo de la salud pública que hace la Organización Mundial de la Salud, pudieran ser esquemas más apropiados para defenderse en forma concertada en contra de epidemias y pandemias informáticas, sin necesidad de practicar políticas abusivas y tan invasivas.
Guerra ideológica
Pero las guerras no suelen ser solo por ideologías o entre gobiernos.
El internet y las redes sociales han expandido el conocimiento, la comunicación y nuestros horizontes. ¡Nos han hecho más libres! Esta afirmación, sin embargo, es válida para quienes vivimos y navegamos la Web en países democráticos, porque en regímenes represivos, las nuevas tecnologías de la información son usadas también para oprimir y censurar.
La polémica reflotó esta semana en el Congreso estadounidense, donde el reverenciado buscador Google fue confrontado por complicidad con gobiernos que, como el de China, Vietnam o Cuba, suelen censurar información y encarcelar internautas.
En cambio, Google pidió al gobierno de EEUU que interceda ante las autoridades de China, después de denunciar ataques cibernéticos que afectaron cuentas de correo Gmail de activistas pro derechos humanos, y amenazó con retirarse de ese país ya que no permitirá más la censura a la que le obligan sus leyes.
Pero en la audiencia legislativa del martes, enfocada a promocionar mundialmente la libertad en el internet, Google mostró un patético doble estándar. Mitigó las críticas a China, minimizó la censura y aunque dijo que prosigue sus negociaciones, se mostró inclinado a quedarse en un mercado de 384 millones de internautas del que obtuvo récord de ganancias en el cuatrimestre pasado.
La codicia de Google, al anteponer intereses económicos sobre principios de libertad de expresión, tuvo consecuencias para toda la industria del internet. El senador demócrata Dick Durbin, presidente del subcomité de Derechos Humanos, ofuscado, anunció una ley que sancionará, penal y civilmente, la doble moral de aquellas compañías de tecnología estadounidense que sean permisivas con la violación de los derechos humanos en donde presten sus servicios.
Google no es la única señalada por sus prácticas ambiguas. Microsoft y Yahoo vienen siendo criticadas por permitir a gobiernos autoritarios que usen sus software para filtrar y bloquear información, así como Twitter y Facebook reniegan ser transparentes en sus manejos empresarios, aunque no tienen empacho en acudir por ayuda al Departamento de Estado cuando son bloqueados en el extranjero.
La doble norma corporativa deja mal parado los esfuerzos por promover la libertad de cualquier ciudadano en el mundo a conectarse y transferir información en la red sin restricciones, y puede debilitar mecanismos de defensa para neutralizar ataques cibernéticos promovidos por gobiernos corruptos y grupos extremistas. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, había aprovechado la denuncia de Google para reclamar que "los países o individuos que participan en ataques cibernéticos deben enfrentar consecuencias y condena internacional". Palabras ahora amortiguadas, tras la nueva “diplomacia googliana”.
Lo reprochable contra Google es que ha puesto en dudas la eficiencia de la Iniciativa de Red Global, una institución de carácter voluntaria a la que pertenecen Microsof y Yahoo, no así Twitter y Facebook, cuyo fin es proteger, defender y promover parámetros de autorregulación, para evitar que sus miembros actúen en países donde deben cumplir con leyes que contradicen principios internacionales sobre libertad de expresión y derechos humanos. Justamente esa iniciativa nació con la idea de disuadir al gobierno de crear legislación, como la anunciada, que privaría a las compañías tecnológicas de lucrar en mercados donde deben prestarse a censurar contenidos en la red.
Aunque una ley especial como propuso el senador Durbin pudiera verse como ideal, se correría el riesgo de que termine por engendrar mayores problemas, en especial cuando ya existen leyes ordinarias que castigan desviaciones a los derechos humanos, y porque los contenidos, en el largo plazo, siempre terminan evadiendo la censura y sirviendo para minar sistemas represivos.
En realidad, más que una legislación que solo busque controlar a las compañías de tecnología sería más beneficioso que se promueva un nuevo orden o tratado internacional cibernético que involucre a todos los actores, especialmente a los gobiernos, para que se responsabilice y castigue a quienes censuran o usan las tecnologías para lanzar ataques cibernéticos. De lo contrario se podría caer en una “guerra del internet” como alerta Hamadoun Touré, jefe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU.
Es que, si algo quedó en claro con el conflicto entre Google y China, es que la tensión por los temas del ciberespacio seguirá en aumento, y que es necesaria una mayor responsabilidad cibernética global para mantener la paz.
Libertad
En el momento que en Argentina, Ecuador y Venezuela se están cercenando las libertades de expresión y de prensa a través de invasivas regulaciones gubernamentales para controlar la actividad de los medios de comunicación, es importante registrar cuál es y ha sido el principio rector que permitió el descomunal avance y desarrollo del internet.
La falta de intromisión de los gobiernos, dejando al sector privado la iniciativa y plena autonomía, ha sido la bujía que potenció el crecimiento del internet desde que fue creado hace 40 años en un laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles. La libertad ha sido clave para la creatividad y la innovación en el ciberespacio. Y más allá de los beneficios económicos, comerciales y culturales, su último gran avance, las redes sociales, no son producto de ninguna traba o incentivo estatal, sino fruto de una revolución ciudadana espontánea que sigue elevando los estándares de la expresión y la comunicación.
Pero la libertad no puede darse por sentada. Existe un movimiento, actual y de vieja data, de muchos países, poco o nada democráticos, como Cuba, China, Libia, Rusia y Vietnam, entre otros, que consideran que la gobernabilidad privada del ciberespacio – a la que se conoce como Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, una firma privada californiana - debe ser suplantada por una agencia multi estatal.
Preocupa, claro, que sean estos gobiernos los que exijan regular, puesto que son los que utilizan filtros para bloquear el internet, castigan con cárcel a los internautas críticos y aplican censura férrea a todo tipo de actividad periodística o expresiva que consideren “contaminante”.
Precisamente este criterio de “contenidos desestabilizadores” es el que justifican con actitudes revanchistas Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina de Kirchner para imponer controles legales y éticos a los periodistas y medios. Por eso no extraña el dictado de leyes mordaza como la de Responsabilidad Social en Venezuela que permitió el cierre de RCTV y decenas de radioemisoras, o las que comenzaron a debatirse esta semana en los congresos de Argentina y Ecuador desafiando naturales estándares de libertad de prensa.
Al margen de si en Argentina hay consenso para ordenar y hacer más plural y diverso el espectro radioeléctrico, molesta la actitud hostil contra los medios que motivó el proyecto presidencial de Ley de Servicios Audiovisuales. La excusa apresurada de acabar con los “monopolios”, no es más que la búsqueda por eliminar a los canales de disenso y crítica, ya que la concentración de medios no es más que el producto de la libertad y competencia que permitieron las leyes hasta ahora, y que nunca han limitado al Estado para incentivar a la sociedad a crear más y mejores medios. El nuevo proyecto, entre varios desmanes, prevé nuevas instancias de censura, al estipular revisión de licencias cada dos años y un órgano de vigilancia supra estatal, con mayores poderes para el oficialismo.
En Ecuador empezaron a circular en el Congreso proyectos para la ley de comunicación que debe aprobarse en octubre. Uno, en particular, de un partido de oposición se entromete tanto en los criterios editoriales que “obliga” a los medios a la autorregulación. Un favor muy especial para el presidente Correa, quien no deja de sermonear a los periodistas y dictar medidas administrativas para cerrar medios de comunicación y abrir los propios que, como en Venezuela, son utilizados para el servicio del gobierno y no del público.
En la misma dirección, se perfila otra iniciativa reciente de Correa para crear un órgano internacional de control periodístico a través del Unasur. Un producto importado del “mapa de guerra mediático” ordenado por Chávez a sus ministros hace dos meses, que ya ha desencadenado en proyectos de ley para castigar los “delitos mediáticos” y los derechos de reunión y protesta, lo último que queda por prohibir en Venezuela.
Estos ejemplos demuestran que la vocación de los gobiernos por ordenar la actividad periodística, suele casi siempre evolucionar hacia el vicio de cercenar el derecho a saber. Por ello, es importante la lección que ofrece el internet, que al igual que el principio de libertad de expresión, indica que la mejor regulación gubernamental es aquella que no existe.
No comments:
Post a Comment